Sobre el caso Jacqueline van Rysselberghe Intendencia/Municipio

LOS CIUDADANOS INDEPENDIENTES DEMOCRÁTICOS DECLARAN

Estamos a días de que se cumpla un año del desastre natural que afectó a nuestra región del Bio Bío (junto con otras más) y desde hace un año que estamos observado como, sistemáticamente, se nombra la reconstrucción como un hecho real... ¿Cuál reconstrucción? ¿La de la carpeta extraviada del edificio Alto Río, la de los proyectos prometidos y sin financiamiento como el de Aurora de Chile; como el edificio a medio caer que tiene interrumpido el tráfico en nuestra principal arteria, la del puente que “vale callampa”, esa reconstrucción que entregó la demolición de edificios dañados a la misma empresa que los construyó? ¿La reconstrucción con campamentos sin agua potable por desición política... a la de los desalojos y pesadillas de expropiaciones... a esa reconstrucción se refieren?

La sociedad civil está cansada de que mentiras estén por sobre la verdad, estamos hartos del centralismo y de que se haya dejado fuera a la gente en las decisiones de gobierno, estamos cansados que se nos quiera gobernar con un paternalismo descabellado... NO SON NECESARIAS LAS MENTIRAS Y LOS DOBLES DISCURSOS para “beneficiar” a los más vulnerables.

Los CID consideramos que los ciudadanos y ciudadanas deben ser actores vinculantes en las decisiones políticas y no sólo ser votos cada 4 años. EXIGIMOS una reconstrucción PARA la gente y CON la gente, mediante una política de honestidad y transparencia, una que no se ha cumplido en esta región.

Como grupo independiente y ciudadano, demandamos mayor decencia, participación y honestidad en la reconstrucción, reiteramos, no toleramos y rechazamos enfáticamente la mentira y el engaño como herramienta política.

Es nuestro derecho y nuestro deber entonces, sumarnos a las denuncias que autoridades políticas han llevado acabo, con el fin de de investigar y perseguir a los posibles culpables de malas praxis administrativas en cargos públicos. Hasta ahora las versiones de los involucrados son contradictorias y eso evidencia que acá, alguien miente de cara a la ciudadanía.

Como la mayoría de ustedes puede imaginar, los hechos que han salido a la luz durante estas últimas semanas en relación con la asignación de subsidios por causa del terremoto del 27 de febrero pasado podrían muy bien configurar delitos contra la fe pública, como los de falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos; sin perjuicio, por supuesto, de las responsabilidades administrativas que puedan existir relativas al extravío de carpetas y otros antecedentes al interior de las entidades respectivas.

Lamentablemente no existe en nuestro sistema político un órgano que permita representar los intereses ciudadanos frente a los actos de la Administración del Estado lo que, desde luego, deja a los ciudadanos interesados en la correcta gestión de la cosa pública en un mal pie frente a este tipo de situaciones, que perjudican los intereses de todos los chilenos y chilenas, especialmente de aquellos más afectados por el terremoto y por lo tanto, en situación más vulnerable. Por eso los Ciudadanos Independientes Democráticos hemos decidido acudir con una presentación formal ante el Consejo de Defensa del Estado, quien es el encargado de representar ante los tribunales los intereses del Estado, para que intervenga del modo que estime pertinente en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre estos hechos, a fin de mejor determinar las responsabilidades legales que puedan caer sobre los directa e indirectamente involucrados en ellos. Todo esto es, por supuesto, sin perjuicio de las necesarias responsabilidades políticas que deban determinarse puesto que, sea que haya delito o no, ante la manifiesta contradicción entre nuestras autoridades, resulta evidente que existen irregularidades en el manejo de nuestra Administración Pública, y no es posible determinar la idoneidad de nuestros representantes políticos sólo en base a la posibilidad de que hayan cometido delitos penales o no, sino que dicha aptitud debe ser, ante todo, moral. 

Las frases por muy desafortunadas que sean dicen lo que dicen, y acá hay al menos, un intento de engaño confesado públicamente por parte de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, hecho inaceptable por la ciudadanía que rechaza ese tipo de malas prácticas para conseguir, claramente, objetivos políticos personales.

Demandamos a que el gobierno y funcionarios públicos municipales asuman cuanto antes los costos políticos dejando sus cargos a disposición, porque es la gente más afectada por el terremoto y tsunami la que sufre con este tipo de situaciones que nada bien le hacen a nuestra región y país y que por cierto, se aleja de de una sana y buena forma de gobernar.